Rafael Sambola Sambola
Economista, profesor y Director del Master en Dirección Financiera de EADA.
7.799 Empresas
El título muestra el número de sociedades que han presentado concurso de acreedores durante el pasado 2012. Son cifras preocupantes que se han ido incrementando exponencialmente durante estos últimos cinco años y que acumulan ya en este periodo un total de 26.768 empresas. Sin duda un record poco fértil que no deja de reflejar la situación compleja que vive nuestro país.
Son datos que afectan de forma alarmante, no tan solo al sector inmobiliario y de la construcción (representan aproximadamente un 28% del total), sino también a un conjunto importante de empresas de diferentes sectores económicos y zonas geográficas.
El problema se agrava, ya que en la práctica un gran porcentaje de empresas que pasan por este procedimiento son incapaces de hacer viable su actividad durante, o después del proceso concursal. Así, por ejemplo, desde el 2010 hasta diciembre del 2012 han dejado de estar inscritas a la Seguridad Social 67.860 empresas, todas ellas con un papel clave para fomentar empleo y aumentar la riqueza económica de nuestro país.
A mi entender, durante estos últimos años ha existido una gran preocupación por parte del Gobierno por el seguimiento, control y mejora de los datos macroeconómicos (PIB, Déficit Fiscal, IPC…) y por la viabilidad de nuestro sistema bancario, el verdadero punto de anclaje para que la economía funcione. Me pregunto si esta visión global de la economía y del sistema financiero que han tenido, es la causa de no haber puesto foco a la delicada situación que viven nuestras empresas y, por lo tanto, no se hayan adoptado con rapidez medidas correctoras.
Bajo mi punto de vista hace ya tiempo que los diferentes Ministerios competentes tendrían que haber presentado y puesto en marcha un plan de choque efectivo para romper esta tendencia tan destructiva y que sin pretender ser exhaustivo, deberían incluir como mínimo los siguientes apartados:
1. Impuesto de sociedades. España está situada entre los países de la UE con mayor carga impositiva en el Impuesto de Sociedades. Una rebaja de este impuesto hubiera sido una buena medida que debería haberse tomado hace ya tiempo. Por un lado atraería potenciales empresas inversoras por la mejora de la rentabilidad, y también generaría actividad a las posibles empresas proveedoras. Por otro lado, su rebaja permitiría reinvertir un porcentaje mayor de beneficios y utilizar así una mayor autofinanciación (aspecto esencial si tenemos en cuenta las necesidades de desapalancamiento que actualmente tienen las empresas).
2. Procesos legales y formales. Existen excesivos requerimientos fiscales, mercantiles, laborales, contables y técnicos que han hecho que los empresarios deban dedicar parte de su tiempo a la lectura del BOE o a lo que se dice en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros. El proceso se complica si los requerimientos legales afectan a diferentes zonas geográficas donde puede operar una empresa. Esto ha obligado a que muchas sociedades deban invertir recursos en el cumplimiento de estas formalidades y reste dedicación al control de la gestión y la sostenibilidad de su negocio mediante el proceso de planificación.
3. Planes de financiación para las empresas viables. A 31 de diciembre del 2012 el Estado había gastado ya más de 200,000 millones de euros en ayudas directas a la banca (algunas sin ningún tipo de condicionalidad), lo que equivale aproximadamente al 21% de nuestro PIB (entre aportaciones, deuda y avales). Parte de este importe está sirviendo a mi entender para reestructurar algunas entidades bancarias cuyo coste actual por cerrarlas, probablemente hubiera sido menor. Me pregunto, ¿qué impacto hubiera tenido en el PIB, en el paro, en el déficit público etc, si parte de estos recursos se hubieran invertido en aquellas empresas que eran viables, pero que han tenido que cerrar la actividad por no disponer de la financiación para cubrir sus inversiones en el circulante?. Aunque es lógico que estemos inmersos en un proceso de desendeudamiento, también es cierto que en estos momentos el crédito sigue sin llegar a las empresas y a los consumidores que lo necesiten.
4. Inversiones en Activos Productivos. Desde hace ya unos años las inversiones de las empresas en activos productivos está disminuyendo de forma alarmante. Las causas evidentes son la falta de financiación y la escasa tesorería disponible y cuya aplicación se destina con cierta dificultad a pagar mensualmente las nóminas y cumplir los plazos de pago con Hacienda y la Seguridad Social. Las consecuencias son inevitables: una empresa que no invierte en el tiempo ( al menos lo que amortiza), traerá como consecuencia una falta de competitividad y, por tanto, una disminución de su crecimiento. Invertir en proyectos que generen valor es la garantía del crecimiento futuro. Siendo así, el Gobierno a través de los Presupuestos del Estado, debería apostar en mayor medida por incentivar las inversiones en activos duraderos, aunque a corto plazo esto afectase a la recaudación impositiva y al déficit fiscal. Su retorno sería garantía de continuidad de las empresas y del aumento del empleo.
5. Ivestigación y Desarrollo. En los mismos términos que en el apartado anterior, merece un punto y aparte la mención de las inversiones en I+D. Según un estudio de la OCDE España ocupa los lugares de cola en número de patentes registradas, por millón de habitantes. Esto es un aspecto significativo si tenemos en cuenta las economías de los países europeos que ocupan las primeras posiciones en este ranking: Suiza, Suecia, Alemania, Finlandia y Dinamarca.
6. Formación. Hay que fomentar e incentivar la formación continua de calidad de las personas que forman la organización y a todos los niveles. La velocidad de cambio de la economía y la globalización de los mercados nos exigen ser más
competitivos. Este es un factor clave de éxito. Una formación de calidad y el aprendizaje de quien la recibe, permite generar cambios importantes en la organización en busca de la excelencia. Desde el Consejo de Europeo de Lisboa, la UE se ha fijado como objetivo estratégico en esta próxima década, convertir Europa en la economía más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente con más y mejores empleos, siendo la base de partida el fomento del conocimiento. España debe aceptar este reto si no quiere que su economía se descuelgue definitivamente de los países que generan más progreso.
7. Diálogo Patronales-Sindicatos-Gobierno. Es el momento para que Patronales y Sindicados, liderado por el Gobierno, lleguen a un acuerdo que mejore en el futuro las relaciones laborales. Ante el actual escenario de recesión, deben realizar un ejercicio de responsabilidad y apostar por la moderación salarial, aspecto también clave para asegurar la competitividad, el crecimiento y de esta forma la supervivencia de las empresas.
Publicado en La Vanguardia el 24/02/13
