En el mundo occidental la información está en manos de las empresas que fabrican dispositivos y programan aplicaciones. Los usuarios aceptamos esta cesión de datos, de manera casi automática, ignorando la letra pequeña de las condiciones de uso. En estados autoritarios o culturalmente muy diferentes, estos datos están en manos del poder político, que aprovechan la información obtenida para controlar a sus ciudadanos, acostumbrados o resignados a ello.
Este modelo ha favorecido que países como China o Corea del Sur estén utilizando los smartphones como una herramienta fundamental para controlar la pandemia y poder salir del confinamiento mucho antes que otros países.
En la práctica, el estado envía, a través del móvil, códigos a los ciudadanos no contaminados para que puedan moverse libremente, evitando zonas de alto riesgo, que también tienen bien identificadas. La población infectada, que ha dado positivo en test, está controlada también a través del smartphone, así como se conoce la trazabilidad, con información de las personas con las que ha estado en contacto, para determinar protocolos de aislamiento.
Control y privacidad
La pregunta en este punto es: “¿Quién debe regular la buena praxis?”. Es evidente que resulta muy tentador para cualquier gobierno utilizar esta información para intereses que van más allá de los sanitarios, por lo que es absolutamente necesario una regulación y un control de la explotación de todos estos datos en el mundo occidental, buscando fórmulas seguras para los ciudadanos, que garanticen que su información se utilizará sólo en la lucha contra el coronavirus.
El miedo a que los estados aprovechen esta situación para cambiar las reglas del juego, ha hecho que Amnesty International y Human Rights Watch se hayan movilizado y hayan liderado la publicación de un manifiesto de 8 puntos básicos firmado por 104 organizaciones de los cinco continentes en el ámbito de los derechos humanos y la defensa de los consumidores. Los principales puntos de este manifiesto tienen como objetivo que los gobernantes firmen y dejen por escrito que cumplirán con la ley y con el estado de derecho, respetando el anonimato, la vida privada y la libertad de expresión y asociación, con transparencia en los datos recogidos.
También se les pide que se comprometan a utilizar estas aplicaciones únicamente durante el tiempo que dure la pandemia y con fines sanitarios en la lucha contra la Covid19. Asimismo, se comprometen a respetar a grupos minoritarios o marginados y a permitir que los ciudadanos participen de manera libre y voluntaria, sin imponer la obligación de registrarse.
El ejemplo europeo
Parece obvio que el nuevo modelo basado en la tecnología ofrece muchas posibilidades para mejorar nuestro día a día, pero también nos hace muy vulnerables frente a los que controlan toda esta información, ya sean gobiernos o grandes corporaciones, por lo que es básico un sistema que garantice que estos datos no se utilizarán para finalidades diferentes a las establecidas.
La propia Unión Europea ha elaborado un comunicado en el que insta a sus países miembros a respetar la información personal de sus ciudadanos de forma adecuada si se quiere tener su confianza y su colaboración usando voluntariamente una aplicación de este tipo.
Dentro de las iniciativas para crear una App de control del coronavirus en Europa que respete las libertades de sus ciudadanos, seguramente la más interesante era la que desarrollaba la Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing (PEPP-PT), en la que colaboraban 25 instituciones tecnológicas de prestigio. La PEPP-PT promueve una tecnología estándar al servicio de los gobiernos para desarrollar aplicaciones colaborativas interestatales que controlen y tracen el desarrollo del Covid-19, más allá de las fronteras de los Estados, sin que éstos tengan acceso a los datos personales de cada usuario. Lamentablemente, esta iniciativa se ha quedado en la vía muerta por problemas técnicos asociados a la utilización del Bluetooth y la falta de inversión de la propia Unión Europea en el proyecto.
En estos días, diferentes gobiernos europeos, como el francés o el británico, han comunicado que tendrán disponible una aplicación basada en el protocolo del PEPP-PT, con la que detectará vía Bluetooth los contactos, a menos de 3 metros, de las personas que la instalen. Consideran que el uso de la aplicación, combinada con test realizados de forma proactiva y los autoconfinamientos, permitirán ayudar a cortar las cadenas de infección.
Lamentablemente, la historia ya nos dice que los acontecimientos importantes sucedidos en los últimos años han supuesto unas mayores medidas de control a la sociedad por parte de los gobiernos, como pasó justo después de los atentados del 11-S en Estados Unidos para controlar el terrorismo. Esperemos que este no sea el efecto colateral de una pandemia que ya nos está afectando mucho a nivel económico y sanitario.
Post escrito por el Dr. David Roman, profesor de Marketing de EADA y codirector del MBA Online de EADA-UOC.