Nov 192012
 

Rafael Sambola, profesor de EADA

Rafael Sambola Sambola
Economista, profesor y Director del Master en Dirección Financiera de EADA.

El pasado mes de agosto el Banco Central Europeo informaba del importante descenso de los depósitos de la banca española. Su constante  retirada por parte de familias o  empresas batió el pasado mes de Julio un nuevo record: 74.000 millones de euros,  la mayor salida de dinero desde 1997.

El temor a la falta de garantías de los depósitos, la difícil, pero no imposible  salida del euro, la temida  puesta en marcha de un “corralito” y en general las malas perspectivas de la economía española para los próximos años han hecho que muchos contribuyentes,  hayan decidido abrir una cuenta corriente en el extranjero, invertir en bienes inmuebles o contratar un fondo de inversiones directamente en un país foráneo.

Hasta ahora la formalidad de informar al Gobierno sobre esta situación era mínima. Así la apertura y cierre de una cuenta bancaria en el exterior obligaba a rellenar un breve formulario (DD1 y DD2) de forma telemática o en papel para notificar al Banco de España esta situación. Independientemente  a esto, el contribuyente tenía que incluir  las ganancias  obtenidas en su declaración de IRPF.

A pesar de esta obligatoriedad, la realidad indicaba que pocos contribuyentes la cumplimentaban, siendo las posibles causas el  desconocimiento de la normativa  o  que el régimen de sanciones que implicaba no hacerlo,   era mínimo.

Ante esta situación y con el objetivo también de intensificar las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, el  pasado 30 de octubre el BOE publicó  la Ley  7/12 de 29 de Octubre con el objetivo de modificar la normativa tributaria y presupuestaria.

Entre los diferentes apartados aprobados se ha introducido una nueva disposición adicional,  en que los obligados tributarios deberán, durante el primer trimestre del 2013, proporcionar información sobre sus bienes y derechos situados en el extranjero,  siempre que estos alcancen de forma individual un valor igual o superior a los 50.000 euros.

Así los artículos 29 y 93 de esta Ley obliga a los contribuyentes a suministrar, no solo información  de las cuentas bancarias situadas en el extranjero sino también los bienes inmuebles, activos, seguros de vida o invalidez, valores representativos de capital social o patrimonio de todo tipo de entidades.

Pero ahora sí, las infracciones tributarias por no cumplir la Ley se considerarán de carácter grave e implicará unas sanciones elevadas:

  • Incumplimiento de la obligación de informar sobre cuentas en entidades de crédito  situadas en el extranjero: sanción de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma cuenta. Sanción mínima 10.000 euros.
  • Incumplimiento por de la obligación de informar sobre bienes muebles (seguros, valores, títulos etc.), 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada elemento patrimonial individualmente considerado según su clase. Sanción mínima 10.000 euros.
  • Incumplimiento de la obligación de informar sobre bienes inmuebles y derechos sobre estos  situados en el extranjero, la sanción consistirá en una multa de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a un mismo bien o derecho. Sanción mínima 10.000 euros.

Por  todo lo expuesto anteriormente, creo que merece la pena realizar  algunas reflexiones en cuanto a las implicaciones que tiene la Ley y que afectan al contribuyente:

En primer lugar resaltar que todo el proceso burocrático que supondrá la nueva  declaración, la urgencia del proceso (la Ley entra en vigor el 1 de enero del 2013) y la falta de información que dispondrá el contribuyente, obligará a que éste delegue su tramitación a su asesor fiscal. Habrá por tanto, que sumar  un nuevo coste  con cargo directo al bolsillo del declarante y una elevada sanción si no se cumple con lo establecido.

Además el declarante deberá demostrar siempre que  Hacienda se lo requiera, que los bienes y derechos situados fuera de España se han obtenido con rentas que han pagado previamente los correspondientes impuestos. En caso contrario el sujeto pasivo se expone a una fuerte sanción.

Tomemos como ejemplo a un contribuyente que dispone del siguiente patrimonio:

  • Un  apartamento en Francia valorado en 300.000 mil euros adquirido hace doce años.
  • Un fondo de inversiones  contratado directamente en Noruega y constituido  hace seis años por un valor de 60.000 mil euros.

En el supuesto que no formalice la correspondiente declaración se expone, en primer lugar a una sanción de 10.000 euros (5.000 euros por cada bien o derecho no declarado). Si este es incapaz de demostrar el origen de sus  rentas, estas se considerarán como ganancias patrimoniales, lo que supondrá pagar aproximadamente un 52% del total del patrimonio no declarado, es decir 187.000 euros, más unos  intereses de demora a partir del último año prescrito. Finalmente habrá que sumarle un recargo del 150%. Sin duda una fuerte sanción, que no prescribe y  que puede ahora animar a más de uno,  a acogerse a la amnistía fiscal propuesta por el Gobierno.

Entiendo que con ello se pretendan detectar los  posibles fraudes fiscales relacionados con en el blanqueo de dinero. También me solidarizo con el intento de  descubrir y sancionar las rentas ocultas,  sin que el delito prescriba en el tiempo.

Pero aún así,  me parece poco proporcionado  implicar con nuevas tareas informativas al contribuyente, donde la mayoría  cumple escrupulosamente la normativa fiscal vigente. Todo un contrasentido si tenemos en cuenta   que, aquellos que en su día decidieron no cumplir sus obligaciones tributarias, actualmente tienen la  oportunidad de regularizar su situación  con  un mínimo recargo.

Todo esto implicará que muchos interesados renuncien probablemente a realizar en el futuro este tipo de operaciones o incluso, que se decidan a repatriar de nuevo a España los recursos invertidos en el extranjero. Posiblemente  éste sea un segundo objetivo velado que persigue la nueva Ley. A mi entender no deja de ser  una forma de coartar  la libre circulación de capitales, derecho  que tenemos todos los españoles como miembros de la Unión Europea.

Por cierto, recordar que aquellos que continúen manteniendo estos activos en el extranjero y estén sujetos al Impuesto de Patrimonio, deberán declararlos también,  a efectos de este impuesto.

Por: Rafael Sambola

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